Las prostitutas extranjeras en situación irregular en España podrán obtener tarjeta de residencia legal si se deciden a denunciar a los proxenetas que las tienen sometidas. Según el Ministerio de la Igualdad, que ayer avanzó las líneas generales de este proyecto aún en fase de estudio, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes.
El Ejecutivo quiere que antes de fin de año esté aprobado este plan, que implica a 11 ministerios y coordina Igualdad. Según su titular, Bibiana Aído, entrará en vigor de forma inmediata y tendrá un horizonte de cinco años. Las prostitutas dispondrán de un mes "de gracia" para decidir si colaboran o no con la justicia, con el compromiso de que durante ese tiempo no serán expulsadas del país. Se les ofrecerá asistencia letrada gratuita, intérpretes en su lengua y medidas de protección específica para dar más seguridad a la denuncia.
Durante el mes de reflexión también se les ofrecerá una ayuda económica como "soporte inicial" y cobijo en casas de acogida, con la colaboración de organizaciones no gubernamentales. De momento, el borrador no contempla si la ayuda económica será una cuantía en metálico o simplemente se trata de costear su alojamiento y manutención durante ese tiempo.
La iniciativa anunciada ayer ya se aplica en España en el caso de los inmigrantes que denuncian al empresario que les ha contratado sin tener los papeles en regla.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, entregó ayer, Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños, a diferentes organizaciones las líneas de trabajo del Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, donde se incluye esta medida.
